Generales Escuchar artículo

Colonia Caroya: aprueban descuentos en obras públicas para jubilados y pensionados

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó por unanimidad un proyecto del Departamento Ejecutivo que establece un régimen de descuentos en la Contribución por Mejoras destinado a jubilados y pensionados. La medida busca aliviar el impacto económico de las obras públicas en sectores con ingresos fijos y limitados.

Colonia Caroya: aprueban descuentos en obras públicas para jubilados y pensionados

El Concejo Deliberante de Colonia Caroya aprobó por unanimidad un proyecto del Departamento Ejecutivo que establece un régimen de descuentos en la Contribución por Mejoras destinado a jubilados y pensionados. La medida busca aliviar el impacto económico de las obras públicas en sectores con ingresos fijos y limitados.

La ordenanza dispone la aplicación de beneficios sobre el monto total de las liquidaciones correspondientes a obras públicas, siempre que se trate de la vivienda única, habitada por su titular o cónyuge. Según se fundamentó, el objetivo es promover condiciones más equitativas en el acceso y financiamiento de infraestructura urbana.

El esquema de descuentos será progresivo, de acuerdo con el ingreso del grupo familiar. Quienes perciban hasta 1,5 veces el haber mínimo nacional accederán a un 50% de descuento; hasta dos haberes mínimos, un 30%; y hasta 2,5 haberes mínimos, un 25%. En los casos en que una persona perciba jubilación y pensión, ambos ingresos serán considerados de manera conjunta.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos: ser titulares o cónyuges del titular de una única propiedad, residir efectivamente en el inmueble, no desarrollar actividades lucrativas en el lugar ni tenerlo alquilado, no registrar infracciones vinculadas a obras privadas y contar con la exención del Impuesto Inmobiliario otorgada por la Provincia.

Además, deberán presentar documentación que acredite su situación previsional, incluyendo el último recibo de haberes, junto con cualquier otro requerimiento que establezca la autoridad de aplicación, que será la Secretaría de Economía y Finanzas municipal.

La normativa tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2027 y se enmarca en una política orientada a compatibilizar el desarrollo de la infraestructura local con criterios de inclusión social, evitando que los costos de las obras públicas excluyan a vecinos en situación de vulnerabilidad.

Volver arriba